Ministerio de La Presidencia, Justicia y Relaciones Con Las Cortes. III. Otras disposiciones. Recursos. (BOE-A-2025-10057)
Resolución de 16 de abril de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Getafe n.º 2 a inscribir una escritura de dación para pago de deuda.
41 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 21 de mayo de 2025
Sec. III. Pág. 66201
a la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a
las formalidades extrínsecas del documento presentado (incluida la obligada mención de
todas las circunstancias que deba contener el documento y que sean relativas a la finca,
al derecho y a su titular), a los obstáculos que surjan del Registro, y a la competencia del
juzgado o tribunal.
5. En el presente caso, dado que las resoluciones y transacciones judiciales en
cuestión son procedentes de un estado no miembro de la Unión Europea, no resulta de
aplicación la normativa comunitaria, esto es, el Reglamento 44/2001 del Consejo, de 22
de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (conocido como Reglamento
«Bruselas I»), o, Reglamento 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de diciembre de 2012, sobre la misma materia (conocido como «Bruselas I bis»).
Tampoco existe suscrito entre España y Estados Unidos ningún convenio
internacional relativo al reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia
civil y mercantil.
En consecuencia, quedan sujetas a la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación
jurídica internacional en materia civil, aplicable en materia civil y mercantil con
independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional (cfr. artículos 1.2 y 2 de la
Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil) y,
específicamente, al procedimiento de exequatur como presupuesto para su
reconocimiento y ejecución en España (artículos 42.1, 50 y 51 de la misma ley). En tanto
no recaiga resolución firme de reconocimiento dictada por juez español la resolución (o
transacción) judicial extranjera no puede desplegar sus efectos y por tanto no puede ser
tenida como título inscribible en el Registro de la Propiedad a los efectos de los
artículos 2 y 3 de la Ley Hipotecaria. Así lo reconoce explícitamente el artículo 4 de esta
ley al establecer: «También se inscribirán en el Registro los títulos expresados en el
artículo segundo, otorgados en país extranjero, que tengan fuerza en España con arreglo
a las leyes, y las ejecutorias pronunciadas por Tribunales extranjeros a que deba darse
cumplimiento en España, con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil». De este modo,
será la resolución firme de reconocimiento del juez español la que será objeto de
presentación en el registro correspondiente y a la que le serán de aplicación las normas
correspondientes (artículos 18 y 257 de la Ley Hipotecaria y 100 de su Reglamento
esencialmente).
Debe por ello confirmarse el defecto, en el sentido de que las resoluciones judiciales
que acompañan al título inscribible carecen de eficacia en España, al no haberse
tramitado el correspondiente procedimiento de exequatur. Sin ese reconocimiento la
sentencia extranjera no puede producir efecto jurídico alguno en España, más allá del
probatorio de la existencia de la propia sentencia.
Esta conclusión hace innecesario entrar en el análisis de los demás defectos
formales planteados por la registradora en su nota tales como la falta de firmeza de
dichas resoluciones judiciales, la circunstancia de no quedar claros qué documentos
están apostillados, e incluso, la falta de competencia de los tribunales de Estados
Unidos. Ello no obstante, conviene poner de relieve que la firmeza de las resoluciones
judiciales extranjeras así como su «debida legalización o apostilla» constituyen
presupuestos necesarios para dictar la resolución que decrete el exequatur –cfr.
artículos 41, 46 y 54.4.b) y c) de la citada Ley 29/2015–, por lo que será el juzgado
competente al amparo de lo previsto por el artículo 52 de la misma Ley de cooperación
jurídica internacional quien valore si se han cumplido o no tales requisitos, así como
también la competencia de los tribunales que hubieren dictado las resoluciones judiciales
extranjeras por cuanto las mismas no se reconocerán si «se hubiere pronunciado sobre
una materia respecto a la cual fueren exclusivamente competentes los órganos
jurisdiccionales españoles o, respecto a las demás materias, si la competencia del juez
de origen no obedeciere a una conexión razonable» –cfr. artículos 46.1.c) de
Ley 29/2015 y 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; si bien no se prevé
expresamente su aplicación respecto de las transacciones–.
cve: BOE-A-2025-10057
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 122
Miércoles 21 de mayo de 2025
Sec. III. Pág. 66201
a la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a
las formalidades extrínsecas del documento presentado (incluida la obligada mención de
todas las circunstancias que deba contener el documento y que sean relativas a la finca,
al derecho y a su titular), a los obstáculos que surjan del Registro, y a la competencia del
juzgado o tribunal.
5. En el presente caso, dado que las resoluciones y transacciones judiciales en
cuestión son procedentes de un estado no miembro de la Unión Europea, no resulta de
aplicación la normativa comunitaria, esto es, el Reglamento 44/2001 del Consejo, de 22
de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (conocido como Reglamento
«Bruselas I»), o, Reglamento 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de diciembre de 2012, sobre la misma materia (conocido como «Bruselas I bis»).
Tampoco existe suscrito entre España y Estados Unidos ningún convenio
internacional relativo al reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia
civil y mercantil.
En consecuencia, quedan sujetas a la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación
jurídica internacional en materia civil, aplicable en materia civil y mercantil con
independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional (cfr. artículos 1.2 y 2 de la
Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil) y,
específicamente, al procedimiento de exequatur como presupuesto para su
reconocimiento y ejecución en España (artículos 42.1, 50 y 51 de la misma ley). En tanto
no recaiga resolución firme de reconocimiento dictada por juez español la resolución (o
transacción) judicial extranjera no puede desplegar sus efectos y por tanto no puede ser
tenida como título inscribible en el Registro de la Propiedad a los efectos de los
artículos 2 y 3 de la Ley Hipotecaria. Así lo reconoce explícitamente el artículo 4 de esta
ley al establecer: «También se inscribirán en el Registro los títulos expresados en el
artículo segundo, otorgados en país extranjero, que tengan fuerza en España con arreglo
a las leyes, y las ejecutorias pronunciadas por Tribunales extranjeros a que deba darse
cumplimiento en España, con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil». De este modo,
será la resolución firme de reconocimiento del juez español la que será objeto de
presentación en el registro correspondiente y a la que le serán de aplicación las normas
correspondientes (artículos 18 y 257 de la Ley Hipotecaria y 100 de su Reglamento
esencialmente).
Debe por ello confirmarse el defecto, en el sentido de que las resoluciones judiciales
que acompañan al título inscribible carecen de eficacia en España, al no haberse
tramitado el correspondiente procedimiento de exequatur. Sin ese reconocimiento la
sentencia extranjera no puede producir efecto jurídico alguno en España, más allá del
probatorio de la existencia de la propia sentencia.
Esta conclusión hace innecesario entrar en el análisis de los demás defectos
formales planteados por la registradora en su nota tales como la falta de firmeza de
dichas resoluciones judiciales, la circunstancia de no quedar claros qué documentos
están apostillados, e incluso, la falta de competencia de los tribunales de Estados
Unidos. Ello no obstante, conviene poner de relieve que la firmeza de las resoluciones
judiciales extranjeras así como su «debida legalización o apostilla» constituyen
presupuestos necesarios para dictar la resolución que decrete el exequatur –cfr.
artículos 41, 46 y 54.4.b) y c) de la citada Ley 29/2015–, por lo que será el juzgado
competente al amparo de lo previsto por el artículo 52 de la misma Ley de cooperación
jurídica internacional quien valore si se han cumplido o no tales requisitos, así como
también la competencia de los tribunales que hubieren dictado las resoluciones judiciales
extranjeras por cuanto las mismas no se reconocerán si «se hubiere pronunciado sobre
una materia respecto a la cual fueren exclusivamente competentes los órganos
jurisdiccionales españoles o, respecto a las demás materias, si la competencia del juez
de origen no obedeciere a una conexión razonable» –cfr. artículos 46.1.c) de
Ley 29/2015 y 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; si bien no se prevé
expresamente su aplicación respecto de las transacciones–.
cve: BOE-A-2025-10057
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 122
