BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 2 de julio de 2025

Sec. III. Pág. 87687

jurídicas, privadas o públicas, que perciban subvenciones, préstamos, avales y
otras ayudas de la Administración de la comunidad autónoma o de cualquiera de
las entidades instrumentales del sector público autonómico o financiados con
fondos de la Unión Europea, habilitando a los equipos de control para el acceso a
cualquier fuente de información (artículo 124), por lo que dicho órgano precisa
acceder los distintos servicios web de consulta de la Base de Datos del Padrón
(Secopa), de consulta individual de domicilio, convivencia, histórico de convivencia
e histórico de municipio, en función del plan de control interno que haya de
ejecutar.
– Decreto 11/2022, de 11 de abril, por el que se regula el régimen de control
interno que ha de ejercer la Intervención General de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears, título III, referido al control financiero, artículo 37.4, que prevé que
el objetivo del control interno es comprobar que el beneficiario de la operación la
ha obtenido, utilizado y justificado de manera adecuada y correcta, y corresponde,
entre otros, comprobar el cumplimiento de las condiciones previstas en la
normativa reguladora y en el acto de concesión.
– La Ley 4/2023, de 27 febrero, reguladora de prestaciones sociales de
carácter económico de las Illes Balears, establece, en el artículo 4, el requisito de
residencia en las Illes Balears con carácter general para todas las prestaciones, y,
en los artículo 19, 20, 22 y 25, lo establece específicamente para los perceptores
de la renta social garantizada a efectos de mantener el derecho a la percepción.
En ejecución del Plan de Control Financiero 21/2023, aprobado por el consejero
de Economía, Hacienda e Innovación el 8 de noviembre de 2023, de revisión de
legalidad de las prestaciones sociales de carácter económico de Renta Social
Garantizada y Complemento de renta social de las Illes Balears en las pensiones
no contributivas, la Intervención general precisa acceder a los servicios web de
consulta de la Base de Datos del Padrón (SECOPA).
8. Procedimientos sancionadores en materia de relaciones laborales y de
seguridad y salud laboral.
– El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, capítulo
VII, disposiciones comunes: el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de
las infracciones del orden social, cuando corresponda a la Administración de las
Comunidades Autónomas con competencia en materia de ejecución de la
legislación del orden social, se ejercerá por los órganos y con los límites de
distribución que determine cada Comunidad Autónoma.
– El Real Decreto 98/1996, de 26 de enero, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral) transfiere a
esta Comunidad el ejercicio de la facultad de imposición de las sanciones sobre
infracciones y sanciones del orden social.
– La Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, cuyo artículo 16.1 dispone que las administraciones
de las comunidades autónomas y los organismos autónomos y entidades públicas
empresariales, entre otros, están obligados a suministrar a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social cuantos datos, informes y antecedentes que tengan
trascendencia en el ámbito de sus competencias, así como a prestarle la
colaboración que le sea solicitada para el ejercicio de la función inspectora.
– El Decreto 6/2025, de 2 de junio, de la presidenta de las Illes Balears, por el
que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las
consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
atribuye a la Consejería de Empresa, Empleo y Energía la potestad sancionadora
en materia de relaciones laborales y de seguridad y salud laboral.

cve: BOE-A-2025-13548
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Núm. 158