Cortes Generales. III. Otras disposiciones. Fiscalizaciones. (BOE-A-2025-13709)
Resolución de 20 de marzo de 2025, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de las medidas de fomento e incentivos estatales a la cinematografía y al sector audiovisual, ejercicios 2020 y 2021.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 160
Viernes 4 de julio de 2025
Sec. III. Pág. 88671
La Conferencia Sectorial de Cultura, a través del citado acuerdo, definió las condiciones a aplicar a
estas ayudas por parte de las CCAA. Según los acuerdos de la citada conferencia, las CCAA,
encargadas de la ejecución de estas subvenciones, quedan obligadas a enviar al ICAA, información
trimestral, al menos, relativa al estado de tramitación de los expedientes, detallando, entre otros, el
estado de cumplimiento de hitos y objetivos, el coste real esperado respecto al inicialmente
estimado y los mecanismos de control para su correcta ejecución.
El contenido del Acuerdo de la Conferencia Sectorial (aprobado en junio de 2021) fue modificado
en diciembre de 2022, estableciendo para las CCAA y beneficiarios obligaciones que inicialmente
no estaban previstas y relacionadas con la contribución a la transición digital, con un incremento del
porcentaje hasta el 86,5 %. También se procedió a ampliar la fecha límite inicialmente establecida
(31 de julio de 2022) para realizar la convocatoria de las ayudas, llegando hasta 31 de diciembre de
2022, aunque la práctica totalidad de las CCAA las habían publicado antes de la fecha límite
inicialmente establecida (31 de julio de 2022).
Como entidad responsable a efectos del PRTR, el ICAA diseñó y envió unos formularios de
requerimiento de información periódica a las CCAA y Ciudades Autónomas. En la primera respuesta
obtenida se produjeron incidencias tales como algunos retrasos o la no contestación por parte de
las Ciudades Autónomas, que no acontecieron la segunda vez que se pidió información.
Los modelos de ayudas no mencionan la contribución a la transición digital del componente y solo
en alguna convocatoria se establece la obligación de invertir al menos un 25 % de los fondos en
cuestiones de conectividad, capacitación digital o uso de Internet.
Según los datos al ICAA, todas las Comunidades estimaban que al menos un beneficiario sería una
PYME.
Los remanentes de crédito declarados por las CCAA fueron de 2.053.464 euros y existe la duda
sobre el resultado de la concesión de ayudas (es decir, si llegarán a entregarse los fondos a
beneficiarios) por importe de 243.038 euros, habiendo dos Comunidades con planes de realizar una
nueva convocatoria, sin que el ICAA haya informado de devoluciones de los fondos a la
Administración estatal.
Se apreció una disparidad en el diseño de los proyectos susceptibles de recibir financiación, dado
que siete CCAA asignaron cantidades entre los 52.000 y los 736.271 euros por proyecto. Las demás
CCAA establecieron tramos por el número de salas, cuya cuantía tampoco es homogénea.
Otro punto en el que se ha modificado el acuerdo inicial de la conferencia sectorial citada es el
relativo al respeto al principio Do not Significant Harm (DNSH) y sus garantías. Diversas CCAA
incluyeron este requisito en la convocatoria, con la obligación de presentar declaraciones
responsables por parte de los beneficiarios.
El reporte sobre los mecanismos de control, en la mayoría de los casos, se ha dejado para la fase
de justificación de la ayuda.
INFORME DE FISCALIZACIÓN APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EL 26/10/2023
36
cve: BOE-A-2025-13709
Verificable en https://www.boe.es
Solo cinco Comunidades habían informado a la entidad responsable del inicio de la ejecución.
Respecto al plazo de finalización de la ejecución de la inversión, también se apreciaron diferencias,
no dándose una fecha límite para la realización de los proyectos en algunos casos, mientras otros
tienen un plazo previsto que finaliza en el primer o segundo semestre de 2023. Los plazos de
justificación de las ayudas se inician en el segundo semestre de 2023 y, en general, no se prevé
que la justificación pueda finalizar en el primer trimestre de 2024.
Núm. 160
Viernes 4 de julio de 2025
Sec. III. Pág. 88671
La Conferencia Sectorial de Cultura, a través del citado acuerdo, definió las condiciones a aplicar a
estas ayudas por parte de las CCAA. Según los acuerdos de la citada conferencia, las CCAA,
encargadas de la ejecución de estas subvenciones, quedan obligadas a enviar al ICAA, información
trimestral, al menos, relativa al estado de tramitación de los expedientes, detallando, entre otros, el
estado de cumplimiento de hitos y objetivos, el coste real esperado respecto al inicialmente
estimado y los mecanismos de control para su correcta ejecución.
El contenido del Acuerdo de la Conferencia Sectorial (aprobado en junio de 2021) fue modificado
en diciembre de 2022, estableciendo para las CCAA y beneficiarios obligaciones que inicialmente
no estaban previstas y relacionadas con la contribución a la transición digital, con un incremento del
porcentaje hasta el 86,5 %. También se procedió a ampliar la fecha límite inicialmente establecida
(31 de julio de 2022) para realizar la convocatoria de las ayudas, llegando hasta 31 de diciembre de
2022, aunque la práctica totalidad de las CCAA las habían publicado antes de la fecha límite
inicialmente establecida (31 de julio de 2022).
Como entidad responsable a efectos del PRTR, el ICAA diseñó y envió unos formularios de
requerimiento de información periódica a las CCAA y Ciudades Autónomas. En la primera respuesta
obtenida se produjeron incidencias tales como algunos retrasos o la no contestación por parte de
las Ciudades Autónomas, que no acontecieron la segunda vez que se pidió información.
Los modelos de ayudas no mencionan la contribución a la transición digital del componente y solo
en alguna convocatoria se establece la obligación de invertir al menos un 25 % de los fondos en
cuestiones de conectividad, capacitación digital o uso de Internet.
Según los datos al ICAA, todas las Comunidades estimaban que al menos un beneficiario sería una
PYME.
Los remanentes de crédito declarados por las CCAA fueron de 2.053.464 euros y existe la duda
sobre el resultado de la concesión de ayudas (es decir, si llegarán a entregarse los fondos a
beneficiarios) por importe de 243.038 euros, habiendo dos Comunidades con planes de realizar una
nueva convocatoria, sin que el ICAA haya informado de devoluciones de los fondos a la
Administración estatal.
Se apreció una disparidad en el diseño de los proyectos susceptibles de recibir financiación, dado
que siete CCAA asignaron cantidades entre los 52.000 y los 736.271 euros por proyecto. Las demás
CCAA establecieron tramos por el número de salas, cuya cuantía tampoco es homogénea.
Otro punto en el que se ha modificado el acuerdo inicial de la conferencia sectorial citada es el
relativo al respeto al principio Do not Significant Harm (DNSH) y sus garantías. Diversas CCAA
incluyeron este requisito en la convocatoria, con la obligación de presentar declaraciones
responsables por parte de los beneficiarios.
El reporte sobre los mecanismos de control, en la mayoría de los casos, se ha dejado para la fase
de justificación de la ayuda.
INFORME DE FISCALIZACIÓN APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EL 26/10/2023
36
cve: BOE-A-2025-13709
Verificable en https://www.boe.es
Solo cinco Comunidades habían informado a la entidad responsable del inicio de la ejecución.
Respecto al plazo de finalización de la ejecución de la inversión, también se apreciaron diferencias,
no dándose una fecha límite para la realización de los proyectos en algunos casos, mientras otros
tienen un plazo previsto que finaliza en el primer o segundo semestre de 2023. Los plazos de
justificación de las ayudas se inician en el segundo semestre de 2023 y, en general, no se prevé
que la justificación pueda finalizar en el primer trimestre de 2024.