Cortes Generales. III. Otras disposiciones. Fiscalizaciones. (BOE-A-2025-16923)
Resolución de 24 de junio de 2025, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la asistencia a los municipios prestada por las diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2022.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 15 de agosto de 2025
Sec. III. Pág. 111756
ayuntamientos, con el fin de que pueda servir como base estadística para futuras
reformas en la legislación.
– Estudiar la modificación puntual de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local a fin de reconocer explícitamente a las
entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM) en el artículo 3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y revisar el
marco económico-financiero aplicable a las mismas, garantizando una supervisión
adecuada, pero no restrictiva ni limitante, que permita a dichas entidades el cumplimiento
de sus funciones básicas en favor de sus vecinos, especialmente en lo relativo a
servicios públicos esenciales.
– Que esta revisión respete los principios de subsidiariedad y unidad política,
evitando cualquier intento de creación de estructuras paralelas o atomización
administrativa, y valorando la singularidad histórica de algunas entidades de ámbito
territorial inferior al municipio con fuerte arraigo local y tradición de autogobierno.
4. Instar a las diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha a:
– Dotarse de medios personales suficientes y de herramientas informáticas
adecuadas para el ejercicio de su labor asistencial y de prestación de servicios que
permitan atender de manera óptima a los ayuntamientos, especialmente a los de menor
capacidad económica y de gestión.
– Aprobar normas que regulen la organización de las unidades que prestan
asistencia o servicios a los ayuntamientos, así como el procedimiento que han de seguir,
tanto los ayuntamientos para solicitar dichos servicios, corno las unidades de esas
diputaciones provinciales para la ejecución de dichas actuaciones.
– Realizar una evaluación del estado y situación actual en la que se encuentran los
ayuntamientos, especialmente los de menor dimensión y medios, con objeto de
determinar sus necesidades específicas y planificar el alcance y el contenido de la
asistencia a prestar. Estas actuaciones deberían ir acompañadas de una actitud
proactiva de ofrecimiento a los ayuntamientos y de canales de comunicación.
– Facilitar una mayor participación de los municipios en la elaboración de sus
respectivos planes provinciales de cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal (PPYOS), teniendo en cuenta su capacidad financiera y los costes de los
servicios que prestan para su elaboración, de manera que los planes provinciales de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal desplieguen todos sus
efectos como instrumentos de cooperación en el mantenimiento de obras y servicios
municipales, fundamentalmente en favor de aquellos municipios con menor capacidad
económica y de gestión.
– Impulsar el cumplimiento de las obligaciones con el Tribunal de Cuentas por parte
de los ayuntamientos de sus ámbitos territoriales, ofreciendo sus servicios y
proporcionando herramientas informáticas que faciliten dicho cumplimiento,
especialmente a aquellos ayuntamientos que, de forma reiterada, desatiendan sus
obligaciones con el Tribunal de Cuentas.
– Aprobar catálogos o cartas de sus servicios, con una descripción detallada del
contenido de estos servicios, de los derechos que asisten a los usuarios y de los
compromisos de calidad en su prestación, y publicarlos en sus páginas web o sedes
electrónicas, al objeto de que los ayuntamientos conozcan los servicios y prestaciones a
su disposición.
– Colaborar, por economía de escala y en su función de apoyo y asesoramiento, con
los ayuntamientos para llevar a cabo una contratación más eficaz, ágil y eficiente para
así poder obtener en ella mejores precios, ejerciendo como centrales de contratación y
asumiendo la gestión de los procedimientos de contratación de esas entidades, además
de ofrecerles la asistencia jurídica necesaria y la formación en la materia que precisen.
cve: BOE-A-2025-16923
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 196
Viernes 15 de agosto de 2025
Sec. III. Pág. 111756
ayuntamientos, con el fin de que pueda servir como base estadística para futuras
reformas en la legislación.
– Estudiar la modificación puntual de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local a fin de reconocer explícitamente a las
entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM) en el artículo 3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y revisar el
marco económico-financiero aplicable a las mismas, garantizando una supervisión
adecuada, pero no restrictiva ni limitante, que permita a dichas entidades el cumplimiento
de sus funciones básicas en favor de sus vecinos, especialmente en lo relativo a
servicios públicos esenciales.
– Que esta revisión respete los principios de subsidiariedad y unidad política,
evitando cualquier intento de creación de estructuras paralelas o atomización
administrativa, y valorando la singularidad histórica de algunas entidades de ámbito
territorial inferior al municipio con fuerte arraigo local y tradición de autogobierno.
4. Instar a las diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha a:
– Dotarse de medios personales suficientes y de herramientas informáticas
adecuadas para el ejercicio de su labor asistencial y de prestación de servicios que
permitan atender de manera óptima a los ayuntamientos, especialmente a los de menor
capacidad económica y de gestión.
– Aprobar normas que regulen la organización de las unidades que prestan
asistencia o servicios a los ayuntamientos, así como el procedimiento que han de seguir,
tanto los ayuntamientos para solicitar dichos servicios, corno las unidades de esas
diputaciones provinciales para la ejecución de dichas actuaciones.
– Realizar una evaluación del estado y situación actual en la que se encuentran los
ayuntamientos, especialmente los de menor dimensión y medios, con objeto de
determinar sus necesidades específicas y planificar el alcance y el contenido de la
asistencia a prestar. Estas actuaciones deberían ir acompañadas de una actitud
proactiva de ofrecimiento a los ayuntamientos y de canales de comunicación.
– Facilitar una mayor participación de los municipios en la elaboración de sus
respectivos planes provinciales de cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal (PPYOS), teniendo en cuenta su capacidad financiera y los costes de los
servicios que prestan para su elaboración, de manera que los planes provinciales de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal desplieguen todos sus
efectos como instrumentos de cooperación en el mantenimiento de obras y servicios
municipales, fundamentalmente en favor de aquellos municipios con menor capacidad
económica y de gestión.
– Impulsar el cumplimiento de las obligaciones con el Tribunal de Cuentas por parte
de los ayuntamientos de sus ámbitos territoriales, ofreciendo sus servicios y
proporcionando herramientas informáticas que faciliten dicho cumplimiento,
especialmente a aquellos ayuntamientos que, de forma reiterada, desatiendan sus
obligaciones con el Tribunal de Cuentas.
– Aprobar catálogos o cartas de sus servicios, con una descripción detallada del
contenido de estos servicios, de los derechos que asisten a los usuarios y de los
compromisos de calidad en su prestación, y publicarlos en sus páginas web o sedes
electrónicas, al objeto de que los ayuntamientos conozcan los servicios y prestaciones a
su disposición.
– Colaborar, por economía de escala y en su función de apoyo y asesoramiento, con
los ayuntamientos para llevar a cabo una contratación más eficaz, ágil y eficiente para
así poder obtener en ella mejores precios, ejerciendo como centrales de contratación y
asumiendo la gestión de los procedimientos de contratación de esas entidades, además
de ofrecerles la asistencia jurídica necesaria y la formación en la materia que precisen.
cve: BOE-A-2025-16923
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 196
