Tribunal Constitucional. T.C. Sección del Tribunal Constitucional. Sentencias. (BOE-A-2025-9639)
Pleno. Sentencia 95/2025, de 9 de abril de 2025. Recurso de inconstitucionalidad 7767-2021. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, en relación con el Decreto-ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de Covid-19 en Canarias. Límites materiales de los decretos-leyes autonómicos: pérdida parcial de objeto del proceso, nulidad de los preceptos que habilitan a los órganos autonómicos para la adopción de medidas preventivas y tipifican infracciones en materia de salud (STC 136/2024); extensión, por conexión o consecuencia, de la declaración de nulidad a otros preceptos de la misma norma de urgencia.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 117
Jueves 15 de mayo de 2025
Sec. TC. Pág. 63737
inconstitucionalidad, salvo que la eventual estimación de alguna de las quejas hiciera
innecesario el pronunciamiento sobre las restantes.
3. Infracción del art. 86.1 CE en relación con los límites materiales de los decretosleyes.
A) El recurso de inconstitucionalidad afirma que el Decreto-ley 11/2021 ha incurrido
en afectación de los derechos fundamentales a la libertad personal (art. 17.1 CE), a la
libertad de circulación y residencia (art. 19 CE), a la integridad física (art. 15 CE), a la
intimidad personal (art. 18.1 CE) y de reunión (art. 21 CE). Los preceptos recurridos por
esta razón, una vez delimitado el objeto de enjuiciamiento (fundamento jurídico 2, supra),
son los arts. 6.1 y 2; 12.1 a) y b), 2, 5 y 6; 14.2, párrafos segundo y tercero; 15.7; 25.2;
26.2; 27.2 y 28.2, 10 y 26 a 33, del Decreto-ley 11/2021.
a) El derecho fundamental a la libertad personal (art. 17.1 CE) estaría afectado por
los siguientes artículos del Decreto-ley 11/2021:
(i) El art. 6, apartados primero y segundo, que establecen:
«1. Todas las personas que se encuentren en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Canarias deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la
generación de riesgos de propagación de la enfermedad covid-19, incluyendo el
cumplimiento del aislamiento o cuarentena prescritos por un profesional sanitario, así
como la propia exposición a dichos riesgos. Este deber de cautela y protección será
igualmente exigible a las personas titulares de cualquier actividad.
2. Cualquier persona que experimente alguno de los síntomas compatibles con la
covid-19 que establezca la autoridad sanitaria, permanecerá en su domicilio, lo
comunicará a su servicio sanitario y seguirá las medidas que se le indiquen.»
La queja se limita a los incisos «incluyendo el cumplimiento del aislamiento o
cuarentena prescritos por un profesional sanitario» del apartado primero, y
«permanecerá en su domicilio» del apartado segundo, del art. 6.
(ii)
El art. 12, apartados primero, letras a) y b), y quinto, que disponen:
«1. En virtud de las resoluciones que pudiera adoptar la autoridad sanitaria o de las
actuaciones materiales desarrolladas por los servicios sanitarios para la contención de
los brotes epidémicos de la pandemia de covid-19, las personas afectadas tendrán la
siguiente obligación personal:
5. El aislamiento o la cuarentena indicada se cumplirá, preferentemente, instando a
la colaboración voluntaria de las personas obligadas. En caso de negativa o resistencia a
su cumplimiento voluntario podrá imponerse mediante resoluciones específicas, que
podrán dictarse de forma individual o colectiva, sin perjuicio en todo caso de la sujeción,
cuando proceda, al régimen de autorización o ratificación judicial.»
b) El recurso considera que también afectan al derecho a la libertad de circulación y
de residencia (art. 19 CE), además de los preceptos recién transcritos, el art. 12,
cve: BOE-A-2025-9639
Verificable en https://www.boe.es
a) Aislamiento, en cuya virtud cualquier persona contagiada por SARS-CoV-2
permanecerá en el lugar que se le indique, durante el plazo establecido en cada caso,
sin posibilidad de desplazarse ni de relacionarse presencialmente con otras personas.
b) Cuarentena, en cuya virtud cualquier persona o grupo de personas sospechosas
de haber sido contagiadas permanecerá en el lugar que se le indique, durante el plazo
establecido en cada caso, sin posibilidad de desplazarse ni de relacionarse
presencialmente con otras personas.
[…]
Núm. 117
Jueves 15 de mayo de 2025
Sec. TC. Pág. 63737
inconstitucionalidad, salvo que la eventual estimación de alguna de las quejas hiciera
innecesario el pronunciamiento sobre las restantes.
3. Infracción del art. 86.1 CE en relación con los límites materiales de los decretosleyes.
A) El recurso de inconstitucionalidad afirma que el Decreto-ley 11/2021 ha incurrido
en afectación de los derechos fundamentales a la libertad personal (art. 17.1 CE), a la
libertad de circulación y residencia (art. 19 CE), a la integridad física (art. 15 CE), a la
intimidad personal (art. 18.1 CE) y de reunión (art. 21 CE). Los preceptos recurridos por
esta razón, una vez delimitado el objeto de enjuiciamiento (fundamento jurídico 2, supra),
son los arts. 6.1 y 2; 12.1 a) y b), 2, 5 y 6; 14.2, párrafos segundo y tercero; 15.7; 25.2;
26.2; 27.2 y 28.2, 10 y 26 a 33, del Decreto-ley 11/2021.
a) El derecho fundamental a la libertad personal (art. 17.1 CE) estaría afectado por
los siguientes artículos del Decreto-ley 11/2021:
(i) El art. 6, apartados primero y segundo, que establecen:
«1. Todas las personas que se encuentren en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Canarias deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la
generación de riesgos de propagación de la enfermedad covid-19, incluyendo el
cumplimiento del aislamiento o cuarentena prescritos por un profesional sanitario, así
como la propia exposición a dichos riesgos. Este deber de cautela y protección será
igualmente exigible a las personas titulares de cualquier actividad.
2. Cualquier persona que experimente alguno de los síntomas compatibles con la
covid-19 que establezca la autoridad sanitaria, permanecerá en su domicilio, lo
comunicará a su servicio sanitario y seguirá las medidas que se le indiquen.»
La queja se limita a los incisos «incluyendo el cumplimiento del aislamiento o
cuarentena prescritos por un profesional sanitario» del apartado primero, y
«permanecerá en su domicilio» del apartado segundo, del art. 6.
(ii)
El art. 12, apartados primero, letras a) y b), y quinto, que disponen:
«1. En virtud de las resoluciones que pudiera adoptar la autoridad sanitaria o de las
actuaciones materiales desarrolladas por los servicios sanitarios para la contención de
los brotes epidémicos de la pandemia de covid-19, las personas afectadas tendrán la
siguiente obligación personal:
5. El aislamiento o la cuarentena indicada se cumplirá, preferentemente, instando a
la colaboración voluntaria de las personas obligadas. En caso de negativa o resistencia a
su cumplimiento voluntario podrá imponerse mediante resoluciones específicas, que
podrán dictarse de forma individual o colectiva, sin perjuicio en todo caso de la sujeción,
cuando proceda, al régimen de autorización o ratificación judicial.»
b) El recurso considera que también afectan al derecho a la libertad de circulación y
de residencia (art. 19 CE), además de los preceptos recién transcritos, el art. 12,
cve: BOE-A-2025-9639
Verificable en https://www.boe.es
a) Aislamiento, en cuya virtud cualquier persona contagiada por SARS-CoV-2
permanecerá en el lugar que se le indique, durante el plazo establecido en cada caso,
sin posibilidad de desplazarse ni de relacionarse presencialmente con otras personas.
b) Cuarentena, en cuya virtud cualquier persona o grupo de personas sospechosas
de haber sido contagiadas permanecerá en el lugar que se le indique, durante el plazo
establecido en cada caso, sin posibilidad de desplazarse ni de relacionarse
presencialmente con otras personas.
[…]
