Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. I. Disposiciones generales. Acuerdos internacionales administrativos. (BOE-A-2025-12417)
Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible República Dominicana-España 2025-2029 aprobado en el marco de la X Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Dominicana de Cooperación, hecho en Santo Domingo el 14 de mayo de 2025.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 147
Jueves 19 de junio de 2025
Sec. I. Pág. 81417
persona de entre 15 y 17 años de edad (ENHOGAR MICs 2019). La situación se ve
agravada por la ausencia de una legislación específica que proteja contra el feminicidio y
así como por la falta de una edad legal mínima clara para el consentimiento sexual y la
prevalencia de casos de explotación y abuso sexual de niños y niñas. En relación con los
embarazos, según el PNUD (2024), por cada 1.000 nacidos vivos, 63 madres se
encontraron en edades entre 15 y 19 años. De acuerdo con la información registrada
(Dirección de Información y Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud Pública), uno
de cada cuatro embarazos es de una adolescente, y en el primer trimestre del año 2024
ocurrieron 4.484 embarazos en adolescentes, presentando una reducción de un 26,58 %
con respecto al primer trimestre del año 2023 (6.107). El aborto está penalizado en
cualquier situación, siendo República Dominicana uno de los cinco países en el mundo
donde lo es. Sin embargo, persisten discusiones legislativas y sociales respecto a
posibles causas justificadas, ya que el 10 % de muertes maternas son provocadas por
abortos inseguros.
El feminicidio no está tipificado, aunque también forma parte de la discusión
legislativa que trabaja para generar consensos y aprobar un código penal reformado. De
los países de América Latina que reportaron datos sobre feminicidios en el año 2022, la
República Dominicana ocupa el segundo lugar de la región con la tasa más alta (2,9 por
cada 100.000 mujeres), solo por detrás de Honduras. El número total de feminicidios
registrados en el país fue de 163 en 2022. La violencia de género fue el delito más
denunciado en el año 2021, con un total de 87.000 denuncias y 83.416 en el año 2022.
Casi el 69 % de las mujeres dominicanas de 15 años o más han experimentado algún
tipo de violencia a lo largo de su vida. Por otra parte, el 94 % de las mujeres que habían
experimentado algún tipo de violencia no lo habían denunciado. Además, más del 70 %
de las mujeres manifiesta haber sufrido acoso en el trabajo o conocen a alguien que lo
haya sufrido(8).
Encuesta experimental sobre la situación de las Mujeres, ENESIM 2018, BID/ONE/Ministerio de la
Según la Nota Técnica «Costos de la Discapacidad: Efectos en la Calidad de Vida y
los Ingresos No. 2» de julio de 2022(9) del Gobierno de la República Dominicana, el país
cuenta con un marco normativo respecto a las personas con discapacidad, incluyendo la
Ley 5-13 sobre Discapacidad y la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Estas
leyes contienen disposiciones explícitas sobre los derechos en educación, empleo, salud
y participación social de las personas con discapacidad. Dentro de esta población, el
menor porcentaje corresponde a la discapacidad severa, con una mayor incidencia en
hombres que en mujeres, aunque la mayoría de estos hogares son liderados por
mujeres. La discapacidad severa afecta a personas de todas las edades, siendo más
frecuente en adultos mayores de 65 años. Desde el punto de vista educativo, casi la
mitad de las personas con discapacidad severa mayores de 15 años no ha completado
ningún grado educativo o solo cursó la educación inicial, con solo un 18,4 % habiendo
completado al menos un curso de educación secundaria y apenas un 2,5 % con al
menos un año de educación universitaria. Muchas de estas personas reportan no poder
trabajar, generar ingresos, realizar actividades deportivas, recibir atenciones de salud o
estudiar, y ser víctimas de discriminación. Las limitaciones de acceso a servicios se
reflejan en una condición socioeconómica más baja, evidenciada en el Índice de Calidad
de Vida (ICV). Las personas con discapacidad severa y sus hogares enfrentan un costo
de oportunidad en términos de ingresos, con una pérdida en salarios formales de RD
$3.975 por individuo y RD$2,530 por hogar, y un costo de oportunidad general de
aproximadamente RD$1.000 por hogar.
(9)
https://siuben.gob.do/wp-content/uploads/2022/08/nota-tecnica-siuben-2-costo-de-la-discapacidad-enlos-ingresos-y-el-nivel-de-vida-final-aprobado.pdf
cve: BOE-A-2025-12417
Verificable en https://www.boe.es
(8)
Mujer.
Núm. 147
Jueves 19 de junio de 2025
Sec. I. Pág. 81417
persona de entre 15 y 17 años de edad (ENHOGAR MICs 2019). La situación se ve
agravada por la ausencia de una legislación específica que proteja contra el feminicidio y
así como por la falta de una edad legal mínima clara para el consentimiento sexual y la
prevalencia de casos de explotación y abuso sexual de niños y niñas. En relación con los
embarazos, según el PNUD (2024), por cada 1.000 nacidos vivos, 63 madres se
encontraron en edades entre 15 y 19 años. De acuerdo con la información registrada
(Dirección de Información y Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud Pública), uno
de cada cuatro embarazos es de una adolescente, y en el primer trimestre del año 2024
ocurrieron 4.484 embarazos en adolescentes, presentando una reducción de un 26,58 %
con respecto al primer trimestre del año 2023 (6.107). El aborto está penalizado en
cualquier situación, siendo República Dominicana uno de los cinco países en el mundo
donde lo es. Sin embargo, persisten discusiones legislativas y sociales respecto a
posibles causas justificadas, ya que el 10 % de muertes maternas son provocadas por
abortos inseguros.
El feminicidio no está tipificado, aunque también forma parte de la discusión
legislativa que trabaja para generar consensos y aprobar un código penal reformado. De
los países de América Latina que reportaron datos sobre feminicidios en el año 2022, la
República Dominicana ocupa el segundo lugar de la región con la tasa más alta (2,9 por
cada 100.000 mujeres), solo por detrás de Honduras. El número total de feminicidios
registrados en el país fue de 163 en 2022. La violencia de género fue el delito más
denunciado en el año 2021, con un total de 87.000 denuncias y 83.416 en el año 2022.
Casi el 69 % de las mujeres dominicanas de 15 años o más han experimentado algún
tipo de violencia a lo largo de su vida. Por otra parte, el 94 % de las mujeres que habían
experimentado algún tipo de violencia no lo habían denunciado. Además, más del 70 %
de las mujeres manifiesta haber sufrido acoso en el trabajo o conocen a alguien que lo
haya sufrido(8).
Encuesta experimental sobre la situación de las Mujeres, ENESIM 2018, BID/ONE/Ministerio de la
Según la Nota Técnica «Costos de la Discapacidad: Efectos en la Calidad de Vida y
los Ingresos No. 2» de julio de 2022(9) del Gobierno de la República Dominicana, el país
cuenta con un marco normativo respecto a las personas con discapacidad, incluyendo la
Ley 5-13 sobre Discapacidad y la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Estas
leyes contienen disposiciones explícitas sobre los derechos en educación, empleo, salud
y participación social de las personas con discapacidad. Dentro de esta población, el
menor porcentaje corresponde a la discapacidad severa, con una mayor incidencia en
hombres que en mujeres, aunque la mayoría de estos hogares son liderados por
mujeres. La discapacidad severa afecta a personas de todas las edades, siendo más
frecuente en adultos mayores de 65 años. Desde el punto de vista educativo, casi la
mitad de las personas con discapacidad severa mayores de 15 años no ha completado
ningún grado educativo o solo cursó la educación inicial, con solo un 18,4 % habiendo
completado al menos un curso de educación secundaria y apenas un 2,5 % con al
menos un año de educación universitaria. Muchas de estas personas reportan no poder
trabajar, generar ingresos, realizar actividades deportivas, recibir atenciones de salud o
estudiar, y ser víctimas de discriminación. Las limitaciones de acceso a servicios se
reflejan en una condición socioeconómica más baja, evidenciada en el Índice de Calidad
de Vida (ICV). Las personas con discapacidad severa y sus hogares enfrentan un costo
de oportunidad en términos de ingresos, con una pérdida en salarios formales de RD
$3.975 por individuo y RD$2,530 por hogar, y un costo de oportunidad general de
aproximadamente RD$1.000 por hogar.
(9)
https://siuben.gob.do/wp-content/uploads/2022/08/nota-tecnica-siuben-2-costo-de-la-discapacidad-enlos-ingresos-y-el-nivel-de-vida-final-aprobado.pdf
cve: BOE-A-2025-12417
Verificable en https://www.boe.es
(8)
Mujer.
