Cortes Generales. III. Otras disposiciones. Fiscalizaciones. (BOE-A-2025-13714)
Resolución de 20 de marzo de 2025, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de seguimiento de las recomendaciones del informe de fiscalización de la Mancomunidad de Los Alcores para la gestión de los residuos sólidos urbanos, ejercicios 2017 a 2019.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 4 de julio de 2025
Sec. III. Pág. 89015
el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico de control interno
en las entidades del Sector Público Local, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Mancomunidad. (Subapartado II.3)
III.4. REFERIDAS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA
De las cuatro recomendaciones efectuadas en materia de gestión presupuestaria, una se ha
cumplido parcialmente, dos no han sido cumplidas y otra se encuentra en curso de implementación.
En el periodo fiscalizado la Mancomunidad ha acudido nuevamente a la prórroga presupuestaria, lo
que pone de manifiesto que continúa realizando una insuficiente planificación de sus necesidades
presupuestarias anuales. Tampoco ha adoptado medidas conducentes a la regularización de saldos
de derechos y obligaciones reconocidos de presupuestos cerrados que figuran en el estado de
remanente de tesorería y que no se corresponden con derechos realizables ni con obligaciones
exigibles.
Por el contrario, sí ha realizado alguna actuación encaminada a la modificación del sistema de
facturación por el servicio de tratamiento y eliminación de residuos con el objetivo de que el
presupuesto de la Mancomunidad incluya la totalidad de los ingresos y gastos relativos al mismo de
los seis ayuntamientos mancomunados.
Desde enero de 2023 la concesionaria del servicio ha comenzado a facturar íntegramente a la
Mancomunidad por el servicio prestado a los seis municipios mancomunados, en cumplimiento del
acuerdo adoptado por la Junta General el 24 de noviembre de 2022. No obstante, las facturas
emitidas desde entonces y hasta la fecha de corte de esta fiscalización han sido rechazadas −como
ya hiciera con las correspondientes al ejercicio 2022−, como consecuencia de las diferencias
surgidas entre la Mancomunidad y la concesionaria respecto a la posibilidad de actualizar conforme
al IPC las tarifas aplicables en la concesión durante los ejercicios 2022 y 2023. A ello se suma la
problemática surgida con ocasión del abono del nuevo impuesto sobre el depósito de residuos en
vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, que inicialmente ha sido satisfecho por
la concesionaria, habiéndose procedido por la Mancomunidad a su pago una vez recibidas las
aportaciones correspondientes de los ayuntamientos mancomunados, de acuerdo con la
documentación aportada por la entidad fiscalizada en el trámite de alegaciones.
En todo caso, el presupuesto correspondiente al ejercicio 2023, pendiente de elaboración, deberá
incluir los ingresos y gastos derivados del servicio de tratamiento y eliminación de residuos de los
seis ayuntamientos mancomunados, así como los gastos por el impuesto sobre el depósito de
residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.
Asimismo, se ha observado un ligero avance en la elaboración y envío de los informes requeridos
por la Ley 15/2010, al igual que del resto de la información económico-financiera establecida en la
Orden HAP/2015/2012. (Subapartado II.4)
III.5. REFERIDAS A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
La Mancomunidad de los Alcores no ha dado cumplimiento a las recomendaciones efectuadas en
relación con la contratación pública.
cve: BOE-A-2025-13714
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 160
Viernes 4 de julio de 2025
Sec. III. Pág. 89015
el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico de control interno
en las entidades del Sector Público Local, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Mancomunidad. (Subapartado II.3)
III.4. REFERIDAS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA
De las cuatro recomendaciones efectuadas en materia de gestión presupuestaria, una se ha
cumplido parcialmente, dos no han sido cumplidas y otra se encuentra en curso de implementación.
En el periodo fiscalizado la Mancomunidad ha acudido nuevamente a la prórroga presupuestaria, lo
que pone de manifiesto que continúa realizando una insuficiente planificación de sus necesidades
presupuestarias anuales. Tampoco ha adoptado medidas conducentes a la regularización de saldos
de derechos y obligaciones reconocidos de presupuestos cerrados que figuran en el estado de
remanente de tesorería y que no se corresponden con derechos realizables ni con obligaciones
exigibles.
Por el contrario, sí ha realizado alguna actuación encaminada a la modificación del sistema de
facturación por el servicio de tratamiento y eliminación de residuos con el objetivo de que el
presupuesto de la Mancomunidad incluya la totalidad de los ingresos y gastos relativos al mismo de
los seis ayuntamientos mancomunados.
Desde enero de 2023 la concesionaria del servicio ha comenzado a facturar íntegramente a la
Mancomunidad por el servicio prestado a los seis municipios mancomunados, en cumplimiento del
acuerdo adoptado por la Junta General el 24 de noviembre de 2022. No obstante, las facturas
emitidas desde entonces y hasta la fecha de corte de esta fiscalización han sido rechazadas −como
ya hiciera con las correspondientes al ejercicio 2022−, como consecuencia de las diferencias
surgidas entre la Mancomunidad y la concesionaria respecto a la posibilidad de actualizar conforme
al IPC las tarifas aplicables en la concesión durante los ejercicios 2022 y 2023. A ello se suma la
problemática surgida con ocasión del abono del nuevo impuesto sobre el depósito de residuos en
vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, que inicialmente ha sido satisfecho por
la concesionaria, habiéndose procedido por la Mancomunidad a su pago una vez recibidas las
aportaciones correspondientes de los ayuntamientos mancomunados, de acuerdo con la
documentación aportada por la entidad fiscalizada en el trámite de alegaciones.
En todo caso, el presupuesto correspondiente al ejercicio 2023, pendiente de elaboración, deberá
incluir los ingresos y gastos derivados del servicio de tratamiento y eliminación de residuos de los
seis ayuntamientos mancomunados, así como los gastos por el impuesto sobre el depósito de
residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.
Asimismo, se ha observado un ligero avance en la elaboración y envío de los informes requeridos
por la Ley 15/2010, al igual que del resto de la información económico-financiera establecida en la
Orden HAP/2015/2012. (Subapartado II.4)
III.5. REFERIDAS A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
La Mancomunidad de los Alcores no ha dado cumplimiento a las recomendaciones efectuadas en
relación con la contratación pública.
cve: BOE-A-2025-13714
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 160
