Comunidad Autónoma de Cataluña. I. Disposiciones generales. Municipios. Estatuto. (BOE-A-2025-16833)
Ley 8/2025, de 30 de julio, del Estatuto de los municipios rurales.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 14 de agosto de 2025
Sec. I. Pág. 110755
zonas rurales y a las zonas que sufren desventajas naturales o demográficas graves y
permanentes, entre los objetivos de cohesión económica, social y territorial:
«A fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, esta debe
llevar a cabo y proseguir su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social
y territorial.
La Unión debe proponerse, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de
desarrollo de las distintas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas.
Entre las regiones afectadas debe prestarse especial atención a las zonas rurales, a
las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que sufren desventajas
naturales o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más
septentrionales con una densidad de población escasa y las regiones insulares,
transfronterizas y de montaña».
La Unión Europea afirma al inicio de la Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
titulada «Una visión a largo plazo para las zonas rurales de la Unión Europea: hacia unas
zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas antes de 2040»: «Las
zonas rurales de la Unión Europea son una parte esencial del modo de vida europeo.
Son el hogar de 137 millones de personas, que representan a casi el 30 % de su
población y cubren más del 80 % de su territorio, teniendo en cuenta todos los municipios
y comunas de Europa con poca población o baja densidad».
La Comisión Europea marca la dirección a los estados miembros y a las regiones, a
las que invita a definir sus objetivos y agendas de desarrollo del medio rural, adaptados a
su contexto. A su vez, señala la necesidad de crear espacios que faciliten la participación
de todos los actores rurales en la implantación de esta «visión a largo plazo»: sociedad
civil, administraciones, municipios y empresas. Con esta finalidad, la Comisión Europea
ha aprobado y difundido el Pacto rural europeo, que debe servir para consolidar la
«visión a largo plazo» y para reforzar la gobernanza multinivel y la coordinación de las
actuaciones que dan respuesta a las necesidades de los municipios rurales. Entre estos
referentes, es preciso situar singularmente las acciones dirigidas a velar por la no
discriminación por razón de género en el mundo rural y la implantación de medidas para
la creación de actividad económica y empleo, que tenga en cuenta particularmente la
acción de las mujeres en el ámbito rural, para ganar en equidad y favorecer la
conciliación familiar.
Un de los instrumentos para la consecución de la «visión a largo plazo» y para la
ejecución del Pacto rural (la Agenda rural de Cataluña en el ámbito catalán) es el
establecimiento de mecanismos de verificación rural (rural proofing), que, como define la
Comisión Europea, se basan en la revisión de las políticas públicas con una perspectiva
rural, a fin de adaptarlas a quien vive y trabaja en las zonas rurales. Es necesario, por
tanto, que las políticas públicas de las administraciones, incluidas las normas jurídicas
como posible modo de desarrollarlas, adopten la perspectiva rural en sus implicaciones y
potenciales, positivos y negativos, directos e indirectos, en la sostenibilidad social,
económica y ambiental rural: así, por ejemplo, en relación con el empleo rural, las
perspectivas de desarrollo, el bienestar social, la igualdad de oportunidades para todos y
la calidad ambiental de las zonas y comunidades rurales.
En el caso normativo, el mecanismo rural de Cataluña enlaza con el consolidado
movimiento de mejora de la calidad normativa (better regulation), que implica la
necesidad de incorporar a la evaluación de los impactos normativos la perspectiva
específicamente rural.
En este sentido, la Agenda rural de Cataluña, impulsada por el Gobierno, identifica
las necesidades y los retos del territorio rural para garantizar sus condiciones de vida y
desarrollo, y se convierte en un elemento clave para planificar las políticas de equilibrio y
cohesión territoriales. La actuación de los grupos de acción local como entes
colaboradores territoriales ha sido relevante para el desarrollo territorial de los municipios
cve: BOE-A-2025-16833
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 195
Jueves 14 de agosto de 2025
Sec. I. Pág. 110755
zonas rurales y a las zonas que sufren desventajas naturales o demográficas graves y
permanentes, entre los objetivos de cohesión económica, social y territorial:
«A fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, esta debe
llevar a cabo y proseguir su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social
y territorial.
La Unión debe proponerse, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de
desarrollo de las distintas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas.
Entre las regiones afectadas debe prestarse especial atención a las zonas rurales, a
las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que sufren desventajas
naturales o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más
septentrionales con una densidad de población escasa y las regiones insulares,
transfronterizas y de montaña».
La Unión Europea afirma al inicio de la Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
titulada «Una visión a largo plazo para las zonas rurales de la Unión Europea: hacia unas
zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas antes de 2040»: «Las
zonas rurales de la Unión Europea son una parte esencial del modo de vida europeo.
Son el hogar de 137 millones de personas, que representan a casi el 30 % de su
población y cubren más del 80 % de su territorio, teniendo en cuenta todos los municipios
y comunas de Europa con poca población o baja densidad».
La Comisión Europea marca la dirección a los estados miembros y a las regiones, a
las que invita a definir sus objetivos y agendas de desarrollo del medio rural, adaptados a
su contexto. A su vez, señala la necesidad de crear espacios que faciliten la participación
de todos los actores rurales en la implantación de esta «visión a largo plazo»: sociedad
civil, administraciones, municipios y empresas. Con esta finalidad, la Comisión Europea
ha aprobado y difundido el Pacto rural europeo, que debe servir para consolidar la
«visión a largo plazo» y para reforzar la gobernanza multinivel y la coordinación de las
actuaciones que dan respuesta a las necesidades de los municipios rurales. Entre estos
referentes, es preciso situar singularmente las acciones dirigidas a velar por la no
discriminación por razón de género en el mundo rural y la implantación de medidas para
la creación de actividad económica y empleo, que tenga en cuenta particularmente la
acción de las mujeres en el ámbito rural, para ganar en equidad y favorecer la
conciliación familiar.
Un de los instrumentos para la consecución de la «visión a largo plazo» y para la
ejecución del Pacto rural (la Agenda rural de Cataluña en el ámbito catalán) es el
establecimiento de mecanismos de verificación rural (rural proofing), que, como define la
Comisión Europea, se basan en la revisión de las políticas públicas con una perspectiva
rural, a fin de adaptarlas a quien vive y trabaja en las zonas rurales. Es necesario, por
tanto, que las políticas públicas de las administraciones, incluidas las normas jurídicas
como posible modo de desarrollarlas, adopten la perspectiva rural en sus implicaciones y
potenciales, positivos y negativos, directos e indirectos, en la sostenibilidad social,
económica y ambiental rural: así, por ejemplo, en relación con el empleo rural, las
perspectivas de desarrollo, el bienestar social, la igualdad de oportunidades para todos y
la calidad ambiental de las zonas y comunidades rurales.
En el caso normativo, el mecanismo rural de Cataluña enlaza con el consolidado
movimiento de mejora de la calidad normativa (better regulation), que implica la
necesidad de incorporar a la evaluación de los impactos normativos la perspectiva
específicamente rural.
En este sentido, la Agenda rural de Cataluña, impulsada por el Gobierno, identifica
las necesidades y los retos del territorio rural para garantizar sus condiciones de vida y
desarrollo, y se convierte en un elemento clave para planificar las políticas de equilibrio y
cohesión territoriales. La actuación de los grupos de acción local como entes
colaboradores territoriales ha sido relevante para el desarrollo territorial de los municipios
cve: BOE-A-2025-16833
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 195